Cuando Juan Guaidó se juramentó como Presidente Encargado en enero de 2019, existían muchas dudas sobre este movimiento. Algunas de naturaleza jurídica, otras de naturaleza política, sin embargo, la pregunta más frecuente probablemente era por lo que estaba por suceder.
Sin embargo, para abordar la desaparición del interinato, considero necesario recordar que, de alguna manera, los acontecimientos que derivaron en la creación del gobierno interino iniciaron con la elección de la Asamblea Nacional de 2015. En ese momento, se generaron unas tensiones políticas que demostraron, por una parte, cierta incapacidad de la oposición para convertir los espacios ganados en poder de hecho (cabe recordar que la viabilidad de los actos políticos que emanaban de este parlamento desapareció bajo la figura del “desacato”); y por otra parte, que la administración de Maduro no sabe gobernar democráticamente, es decir, entendiendo que los opositores a sus políticas tienen un papel en la sociedad, por lo que se deben alcanzar acuerdos; en lugar de ello, se inició una persecución institucional contra la Asamblea Nacional que culminó en la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La creación de la ANC sin seguir los procedimientos establecidos por la constitución, generó que la oposición adoptara el discurso de que esta carecía de legitimidad de origen, y que, por tanto, todos sus actos estaban viciados de nulidad, actos entre los que estaba la convocatoria a una elección presidencial que, al ser ganada por Nicolás Maduro según el árbitro electoral, no fue reconocida por los principales actores de oposición.
Este desconocimiento de la legitimad de la administración de maduro es lo que dio lugar al Gobierno Interino, el cual, contando con apoyo de buena parte de la población y con un gran poder percibido, prometía cesar la usurpación de Poder Ejecutivo Nacional y hacer los preparativos para la realización de unas elecciones libres.
A partir de lo anterior, no es difícil ver que el interinato de Guaidó no cumplió con su cometido, sin embargo, múltiples especialistas en el ámbito de la política, e incluso el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello han mostrado su rechazo a la desaparición del interinato impulsado por la propia oposición desde la Asamblea Nacional del 2015, y esto nos invita a plantearnos una serie de preguntas sobre las implicaciones que puede haber detrás de esta decisión.
En primer lugar, la legitimidad del interinato partía de la falta de legitimidad de un presidente electo en un proceso que, a su vez, carecía de legitimidad de origen por haberse realizado de forma ajena a lo establecido por la constitución, en ese sentido, ¿no implica el cese del Gobierno Interino un reconocimiento tácito de la administración de Maduro como Poder Ejecutivo legítimo?, más aún, ¿este reconocimiento del Ejecutivo no implica a su vez el reconocimiento de las autoridades electas bajo las mismas condiciones (entre ellas la Asamblea Nacional electa posteriormente)? Y de ser así ¿puede un parlamento anterior sesionar y tomar decisiones de esta naturaleza?
Estas preguntas, aún no tienen una respuesta clara desde una perspectiva jurídica, como tampoco la tuvo la formación del Gobierno Interino en primer lugar, sin embargo, si volvemos la mirada al mundo fáctico, nos encontraremos con que una buena parte de la comunidad internacional reconoció la legitimad del gobierno de Guaidó, y que incluso, algunos estados pusieron a su disposición recursos recuperados provenientes de la corrupción. En ese orden de ideas, la oposición encontraba en Guaidó, un actor que tenía un peso en la mesa de negociación en tanto que tenía la capacidad de administrar recursos que el gobierno de hecho presidido por Nicolás Maduro necesita.
Dicho esto, parece sensato preguntarse: ¿qué pasará con ese dinero?, la Asamblea Nacional de 2015, al desmontar el gobierno interino pretende asumir la administración de esos recursos, adicionalmente, en las negociaciones en México se había alcanzado un acuerdo para, con la mediación de Naciones Unidas, utilizar parte de esos recursos para atender la emergencia humanitaria, sin embargo, cabe destacar que ese capital, al igual que las sanciones a funcionarios venezolanos, son medidas tomadas por Estados, y por tanto, puede ser difícil estimar si, en primer lugar, condicionan sus decisiones, algunas de ellas de carácter jurídico, y otras de carácter político, a los intereses de los actores en el conflicto venezolano; o incluso, si llegasen a reconocer la legitimidad de las instituciones planteadas.
En todo caso, la decisión de los diputados electos en 2015 no parece estar impulsada por motivos legales o políticos, sino partidistas. El cese del Gobierno Interino a poco tiempo de celebrarse unas elecciones primarias para elegir un candidato opositor a la presidencia de la república nos pone ante un nuevo escenario político, en el cual, algunos de los retos que se presentan para los dirigentes son: movilizar a la población, hacer ver que participar en estas elecciones tendrá un resultado positivo para el país, lograr condiciones electorales y, en caso de victoria, gestionar y encontrar gobernabilidad en un país polarizado y con una profunda crisis institucional. Nos encontramos de nuevo, ante las puertas de la incertidumbre.
Be the first to comment