Con la barriga bien llena, las carteras buchonas, prendas costosas en las manos o el pescuezo, y abultadas cuentas en bolívares y en dólares, no debe resultar muy difícil pedirle a los pata en el suelo que no se registren y obtengan el mal llamado “carnet de la patria” para hacer uso de algún derecho o cubrir una necesidad básica.
Después de haberse gozado múltiples viajes de placer subsidiados, de raspar cupos CADIVI y efectuar compras por internet con dólares a precio de gallina flaca provenientes del patrimonio nacional, no luce nada digno y coherente reprochar a venezolanos empobrecidos que adquieran las cajas o bolsas de alimentos que distribuye el estado a precios preferenciales.
Tampoco resulta muy digno y coherente realizar o haber realizado en estos veinte años, ya sea abierta o solapadamente, negocios o negociados con el gobierno o con capitostes rojo-rojitos y, ahora, cuestionar a los ciudadanos que se ven forzados a registrar sus vehículos y a sacar el fulano carnet para poder adquirir gasolina a precios subsidiados.
No porque usted y su entorno puedan vivir holgadamente y cubrir sin sobresaltos los elevadísimos costos de la canasta básica familiar, adquirir la gasolina a precios internacionales, viajar de cuando en cuando al exterior y darse uno que otro lujo, significa que todos los venezolanos pueden hacerlo.
Por el contrario, la grave crisis generada por las políticas económicas del régimen está causando estragos entre la mayoría de la población y amenaza con profundizar sus demoledores efectos. Así que no se puede criminalizar a las víctimas del fulano carnet cuando es evidente que si lo obtienen para medio cubrir sus necesidades básicas familiares es por mera necesidad y obligación, no por indignidad o sumisión.
Es cierto que el gobierno ha impuesto ese carnet como instrumento de discriminación política y control social. ¿Pero quién ha dicho que quienes acceden a él están renunciando automática y necesariamente a sus personalísimas convicciones políticas y a su dignidad? Basta ver los resultados de las elecciones que se han realizado desde la implantación del tal carnet para darse cuenta que la votación del régimen está muy por debajo del número de personas que constituyen el universo de usuarios del sistema. Menos de un tercio de los carnetizados votó por el gobierno en las recientes elecciones presidenciales.
Tener que tramitar y meterse en el bolsillo un carnet que muestra en el reverso la silueta de Hugo Chávez al lado de la del libertador Simón Bolívar debe representar un trago amargo para cualquier militante declarado o adversario silencioso del régimen. Pero se trata, en definitiva, de un peaje involuntario, claramente impuesto por el gobierno, para que el ciudadano común acceda a elementos básicos para la subsistencia de los sectores más vulnerables de la población.
¿Cómo podía pedírsele a los disidentes cubanos que en su momento no tramitaran la tarjeta de racionamiento si no había otra manera de que en su país cubrieran medianamente las necesidades alimentarias? ¿O a un republicano español renunciar prácticamente a la vida para no tener que usar la oprobiosa moneda del franquismo? En ambos casos, se trataba de imposiciones.
Hubiese sido inmoral pedirle a un demócrata cubano que no tramitara la denigrante tarjeta o a un republicano español que no usara la moneda dictatorial. No porque el cubano la obtuviese dejaba de ser anticastrista. Tampoco dejaba de ser un luchador antidictatorial aquel español en cuya cartera y bolsillos tuviese para su uso cotidiano billetes y monedas acuñados con esta bochornosa inscripción: “Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Ambos eran víctimas, como víctimas son quienes en la Venezuela empobrecida de hoy se ven forzados por el régimen y las circunstancias a utilizar el carnet.
Voces muy diversas y calificadas de la opinión nacional han comprendido perfectamente el problema y se han manifestado contra la descalificación de quienes se hacen del carnet para medio sobrevivir. Incluso algunos han planteado la conveniencia de que todos los venezolanos en edad de hacerlo obtengan su carnet con el propósito de saturar el sistema y terminar de neutralizar el control político y el carácter discriminatorio asociado al mismo.
Tiene lógica.
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