La polarización ha sido un factor constante desde que el gobierno de Chávez inició su segundo periodo presidencial, sin embargo, actualmente ha evolucionado para ser una polarización de muchos extremos, oficialistas, opositores y opositores radicales.
Si bien la totalidad de la oposición entiende que la meta es el cambio de gobierno, resulta ser que la causa de la división opositora es el método a utilizar para alcanzar ese fin. Por una parte el sector más radical afirma que «una dictadura no sale con votos» (afirmación que de hecho es falsa y no sería la primera vez que ocurre), y apoyan las manifestaciones y acciones de calle, afirmando que quienes pretendan buscar salidas institucionales colaboran con el gobierno.
En primer lugar, es importante dejar claro que las acciones de calle no son un modo de lograr el cambio de gobierno, sino un modo de ejercer presión interna para que se logren esos cambios, por lo que son importantes pero no sustituyen de ninguna manera los mecanismos institucionales.
Por otra parte, la salida electoral se observa cada vez más complicada, el adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales no permite que haya tiempo de actualizar el registro electoral en el exterior del país, negándole así el derecho al ejercicio del voto a las miles de personas que diariamente cruzan las fronteras para escapar de la crisis. Además los constantes cambios y re-ubicaciones de centros electorales, la persecución a miembros de mesa opositores, procesos no habituales de validación o invalidación de partidos políticos de oposición con complicidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la constante campaña contra los partidos políticos de oposición (por no hablar del uso de recursos públicos para hacer campaña que existe por parte del gobierno), solo convierten los comicios electorales en un potencial fraude.
Éste escenario convierte al diálogo en una necesidad más que una alternativa. Por su parte, el gobierno buscará que se levanten sanciones internacionales para tener mayor libertad en el manejo de los recursos del Estado y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, y por otra, la oposición busca la apertura de un canal humanitario, condiciones electorales justas y reconocimiento a la Asamblea Nacional… Aquí está el error.
En primer lugar, las elecciones justas con un CNE designado por la Asamblea Nacional, es un derecho constitucional, y los derechos constitucionales no se negocian, sencillamente deben cumplirse, y es tarea, tanto de los políticos de oposición como de los acompañantes internacionales dejar claro que ésto no está sometido a negociación. Así mismo, La Asamblea Nacional al ser sometida a «desacato», se vició de nulidad toda decisión tomada con la participación de los diputados de Amazonas, sin embargo, al ser éstos desincorporados, ya ésta figura de «desacato» no existe, y el TSJ no está en potestad de asumir sus competencias, acción que puede considerarse, como bien la catalogó en su momento, la Fiscal General, Luisa Ortega, una ruptura del orden constitucional, razón por la cual el reconocimiento de la Asamblea es algo que debe cumplirse y no debe estar sometido a negociación.
En un sentido diferente, ciertamente el presidente de Venezuela tiene la potestad de tomar una iniciativa para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, ésta debe ser sometida a un referendum para su aprobación, al no haberse realizado esa elección, la Asamblea Nacional Constituyente tuvo un principio no constitucional, por lo que no debe ser reconocida, y deben ser anulados todos los actos hechos bajo esa figura de autoridad (Incluyendo las elecciones regionales y municipales, en las cuales no se sometieron a votación los poderes legislativos de esas instancias).
¿Si los derechos constitucionales no están sometidos a negociación, que debe discutirse en la mesa de diálogo?
El diálogo político en Venezuela debe tener dos objetivos, el principal es la re-institucionalización y re-democratización del país, y el otro es acordar entre las partes, acciónes de caracter inmediato que permitan iniciar la solución de los principales problemas del país mientras se realizan elecciones justas en el marco de la constitución.
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