La Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima y todo lo demás, pero materialmente empoderada y envalentonada en la arbitrariedad del gobierno y las bayonetas a su servicio, ha dispuesto celebrar las elecciones presidenciales durante el primer cuatrimestre en curso y así ha de convocarlas el muy obediente Consejo Nacional Electoral.
Doy por sentado que, más allá de todas las consideraciones y objeciones que se pueden hacer sobre la ilegitimidad de tal convocatoria, no queda otra opción: la oposición está forzada a participar.
Si al gobierno le interesa y hace lo indecible para que los factores democráticos abandonen la vía electoral, tanto más necesario y obligante es que estos se mantengan abrochados a la única ruta que a lo largo de todos estos años le ha dado algunas victorias a la oposición. ¿Que luego las ha dilapidado? Es verdad, pero eso no es atribuible a la vía en sí misma sino a los múltiples y graves errores en que ha incurrido la dirigencia de las fuerzas políticas en la valoración y la administración de tales victorias.
La de este año no es una coyuntura electoral común, como aquellas que se realizaban en el país en tiempos de relativa normalidad democrática. No es una como para presentar candidaturas simbólicas o testimoniales sobre las cuales empujar un proyecto político de largo aliento o un liderazgo en formación y crecimiento. ¡No señor!
Este acontecimiento electoral tiene que ser asumido por los factores democráticos como la oportunidad para ponerle punto final al proyecto depredador que desgobierna al país y para comenzar a sacar a Venezuela del profundo foso en que este la metió.
Dadas las muy desfavorables condiciones en las cuales la oposición debe competir contra el obsceno ventajismo oficialista y el parcializado árbitro electoral, es indispensable que las fuerzas democráticas concurran con un candidato único y unitario. Ese candidato tiene que reunir las dos condiciones. ¿Por qué único y unitario? Porque no es lo mismo ni se escribe igual. Puede haber un candidato único que no sea unitario, como puede haber uno unitario que no sea el único. En ambos casos los resultados serían catastróficos para la propuesta electoral opositora.
El candidato tiene que ser uno solo, no más de uno, para hacer frente con posibilidades reales de éxito a un poderoso aparato estatal volcado al objetivo de eternizar en Miraflores al proyecto dictatorial personificado hoy en Nicolás Maduro.
Y tiene que ser un candidato verdaderamente unitario, que ponga de lado cualquier sentimiento sectario y exclusionista, que convoque y exprese a las más diversas parcialidades políticas, que reúna y amalgame a los más amplios sectores representativos de la sociedad venezolana y que formule un programa para la transición democrática, la unidad nacional y la superación de la crisis multidimensional que atraviesa el país.
Hasta ahora, solo los dirigentes políticos Henry Ramos Allup, Henri Falcón y Claudio Fermín han hecho públicas sus aspiraciones presidenciales. El rumor habla de otros presuntos aspirantes que hasta ahora no se han manifestado por propia voz. Uno es el empresario, Lorenzo Mendoza, quien al igual que los ya mencionados reúne los requisitos y tendría todo el derecho de presentar su nombre. Pero hasta ahora es solo un rumor, como lo son también los casos de Eduardo Fernández, Andrés Velásquez y Juan Pablo Guanipa. Si hay otros aspirantes, es el momento de que lo hagan saber. No hay otro.
Aunque el tiempo es corto, es muy propicio que los sectores que promueven el cambio democrático le muestren al país la variedad y calidad de su liderazgo. Sus rostros, sus credenciales (cívicas, políticas, profesionales y morales), sus propuestas programáticas, sus estilos personales, sus experiencias administrativas, de gobierno o en cualquier otra esfera del quehacer social.
En las presentes circunstancias, el consenso luce como el método más conveniente para escoger a uno solo entre esos aspirantes. Puede ser producto de una decisión política inmediata, consensuada racionalmente entre los distintos partidos y alianzas, o producto de mediciones de opinión pública que permitan definir cuál de los precandidatos reúne las mayores adhesiones.
Para las elecciones del año 2006, tres líderes democráticos recorrieron el país como precandidatos: Teodoro Petkoff, Julio Borges y Manuel Rosales. Al cabo de dos meses, los dos primeros declinaron a favor del tercero, quien había logrado acumular la mayor suma de voluntades entre los venezolanos, según lo documentaban las encuestas de opinión pública.
Esa sería una buena manera de escoger a un candidato único y unitario en esta ocasión, sin que deban someterse a las turbulencias y riesgos que ofrece la opción de unas elecciones primarias precipitadas y poco confiables.
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