¿Nos vamos todos? ¡Que se vayan ellos!

No podemos más que convenir que todo se agrava, estamos sumidos en una profunda depresión económica, nada se produce, parece un contrasentido ininteligible que alguien se proponga invertir en Venezuela, cuando la inflación no permite ejercicios ponderados de planificación del gasto y la inversión.

En este contexto, donde nadie en su sano juicio tiene por qué invertir en incertidumbres, y al hacer mención a ello, me refiero a una incertidumbre, que en la condición de abogado me preocupa en particular, y no es otra, que los procesos judiciales; toda vez, que provoca la inseguridad jurídica consecuencia de un sistema de administración de justicia sumido en una profunda crisis institucional.

No pretendo hacer leña del árbol caído, pero un sistema de administración de justicia, donde un juez considere para integrante de su dinámica, consultar el tenor de una decisión judicial, previo a su dictado, desdibuja por completo su rol, y la independencia y autonomía que se reputa como característico del oficio que ejerce y constituye presupuesto de la judicatura como poder, desaparece y con ello, tal condición en quienes pretenden que administran justicia.

Tal dinámica de consultas, otrora reservada a los casos de persecución política, sentó las bases para que esta suerte de control previo sobre las decisiones judiciales, pasara de los casos de interés político, a los casos en los que un político tenga interés, subordinando al poder judicial, primero, a la rama ejecutiva del poder público, para acto seguido, degradarse aún más la citada estructura para erigirse en una organización donde consultantes y consultados entran en colusión para manejar las resultas de los procesos al margen de la legalidad.

Tras el auge y caída de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, la “nomenklatura” la expone junto a su esposo, el Diputado German Ferrer, como los principales responsables de una red de extorsión que funcionaria en el sistema de justicia, desde el Ministerio Público.

Nos llama la atención la facilidad con la que sabían de las malas andanzas de la Fiscal, y me inquieta pensar, que el grado de corrupción en el grupo oficialista – del que formaban parte los ahora perseguidos-, es de tal envergadura que la manera de garantizar una suerte de fidelidad perruna, sea indefectiblemente conocer en que andan y advertirles, que la disidencia se paga con cárcel, y que la impunidad de sus fechorías solo está garantizada, en tanto y en cuanto, conserven el poder.

Particularmente me cuesta creer que Luisa Ortega Díaz y German Ferrer, puedan quedar impunes de los ilícitos perpetrados, formaban parte y eran instrumentos de la férrea y corrupta dictadura que asola a Venezuela; luego, considerar que éstos ricos y famosos venezolanos, sean recibidos y considerados como adalides de la lucha por la democracia decente que soñamos para Venezuela, por lo menos me irrita, y esa animadversión se acrecienta cuando miro a las ergástulas y veo a jóvenes y valiosos venezolanos pasando sus mejores años encerrados, enfermos y olvidados por parte importante de la sociedad y de la dirigencia política, mientras el grupo opresor pretende revisar sus casos en una comisión de verdad donde la mentira es el paradigma para juzgar la responsabilidad o no de los oprimidos.

Desde la humilde tribuna desde la que escribo, apoyaré a la MUD, aunque no me gusten muchas de sus decisiones, y apoyaré las manifestaciones de lucha pacífica que sean convocadas por la disidencia política, incluso aquélla que adversa las decisiones de la coalición opositora, y que tengan como objetivo el restablecimiento de la democracia en Venezuela, mi enemigo no es la MUD, o es que acaso no han escuchado a quienes desde hace rato nos tratan como tales y nos señalan como objetivos militares en una eventual confrontación armada.

Ese es el paso inicial para el restablecimiento institucional de la República, tomar espacios no significa tomarlos para la negociación, la corrupción y la satisfacción de los intereses personales, por dura que sea la tarea, el ejercicio del gobierno, sea éste local, regional y/o nacional apareja consigo un rango de maniobra extraordinario, y la rapacidad de los gobernantes es directamente proporcional a la apatía de los gobernados en el ejercicio de la ciudadanía.

Si el chavecismo-madurismo nos ha robado impunemente, en mucho tenemos responsabilidad los venezolanos de bien, que hemos permanecido indiferentes, con una indiferencia rayana en la complicidad, y apáticos, con una apatía que se parece mucho al encubrimiento, ante lo que considerábamos un axioma, quién podía dudar que estaban dilapidando el erario público, y sin embargo, qué hemos hecho para evitarlo. No es poca cosa que altos funcionarios del gobierno venezolano, sean sindicados de narcotraficantes.

Han dilapidado los recursos del Estado, al extremo que una de las causas de la recesión económica en mucho se relaciona con la magnitud de las exacciones ilegales hechas al patrimonio público por los corruptos de turno.

Si queremos un futuro en Venezuela, debemos trabajar con la dirigencia política para la toma del poder por las vías pacíficas, democráticas y electorales, sin dejar de manifestar nuestro descontento con los abusos que se perpetran desde el grupo que usurpa la soberanía popular, y eso se hace con actividades que van desde las asambleas de ciudadanos, las concentraciones, marchas y lo que sea que haya que hacer para que entiendan que no estamos ni queremos estar sometidos al yugo del opresor.

¿Nos vamos todos? Que se vayan ellos, y si lo hacen vestidos de color naranja, pues mejor.