Una calamidad constituye para los venezolanos la gigantesca brecha entre los salarios del común y el altísimo costo de la vida en nuestro país. No es exagerado afirmar que jamás en la historia nacional esa distancia entre los ingresos familiares y los precios había alcanzado semejante dimensión.
Hace rato que el rojo-rojito Banco Central dejó de publicar cifras oficiales sobre la materia, bajo la falsa creencia de que lograría esconder el vertiginoso crecimiento de los costos en bienes y servicios esenciales para la subsistencia de las familias. Absurda maniobra esa de colocar debajo de la alfombra una basura cuyo volumen desborda con creces cualquier cobertor, por muy grande que pueda ser.
Es tal el nivel alcanzado por los precios y la rapidez con que crecen en Venezuela que prácticamente no existe salario que pueda cubrirlos. Solo los opulentos, tanto los que en el pasado amasaron fortuna de forma lícita o ilícita, como los que lo hacen ahora al amparo de jugosos contratos públicos en dólares baratos y corruptelas tan increíblemente normales hoy en el aparato del estado, pueden vivir sin estrecheces en una “revolución” cuyas políticas dizque “obreristas” y “populares” bendicen a los más ricos y excomulgan a los sectores pobres y medios de la sociedad.
Las regulaciones y controles de precios aplicados solo han servido para disparar aún más la inflación, desestimular la producción, generar desabastecimiento y acaparamiento, propiciar la especulación y el bachaquerismo, así como crear un caldo de cultivo perfecto para la corrupción de funcionarios civiles, policiales y militares. Esos controles son una verdadera ficción.
Por su parte, la artificiosa congelación de tarifas de importantes servicios públicos, como los de telefonía y de transporte, lo que han servido es para desmejorar, y en algunos casos destruir, sus plataformas tecnológicas y la calidad de sus servicios, lo que a la larga se traduce en mayor costo para la sociedad. En el suelo está, por ejemplo, el servicio de internet que presta la CANTV. Y ni se diga el sistema Metro de Caracas, cada vez en peores y paupérrimas condiciones.
En paralelo a esta ilusión de insostenibles tarifas de algunos servicios públicos y de la gasolina, los precios de los alimentos, de las medicinas y servicios de salud, de los alquileres, de los institutos educacionales y útiles escolares, del calzado y vestidos, de los artículos de tocador y de los electrodomésticos se elevan día tras día a velocidad misilística.
Sin duda, en la Venezuela del ya largo e ineficaz control de cambios, los precios están dolarizados mientras los salarios se mantienen en bolívares cada vez más devaluados.
Necesario es un giro radical en las políticas económicas gubernamentales. Visto está que las heredadas del gobierno del fallecido Hugo Chávez y mantenidas, aliños más aliños menos, por el presidente Nicolás Maduro, han demostrado su total incapacidad para favorecer la producción nacional, generar empleo productivo y bien remunerado, atraer capitales locales y extranjeros, reducir las importaciones, frenar la inflación y estabilizar el mercado.
Mientras no se produzca ese cambio sustantivo en las líneas estratégicas de la economía, los resultados serán peor de lo mismo. Con todos los poderes ordinarios y extraordinarios que ha tenido, así como con los ingentes recursos de que ha dispuesto, Maduro no ha mostrado voluntad de producir y conducir ese cambio. Toca, entonces, cambiar a Maduro y a quienes con él sostienen el actual modelo político y económico.
Pero mientras eso llega -y más temprano que tarde llegará-, hay que exigirle al gobierno adoptar medidas que permitan a los sectores populares y medios satisfacer sus necesidades más elementales. Que cumpla con las obligaciones para las cuales fue elegido.
Una de esas medidas indispensables es el incremento de los ingresos de los trabajadores activos, de los pensionados y de los jubilados. Ante una canasta básica que ronda por los dos millones de bolívares mensuales, es criminal mantener un salario mínimo y pensiones y jubilaciones en menos de 100 mil con un bono de alimentación de 150 mil solo para los trabajadores activos.
Si bien es cierto que en los procesos inflacionarios los aumentos de salarios son un nuevo ingrediente para la inflación, no es menos cierto que no porque los salarios se mantengan congelados la inflación se va a detener. Los venezolanos son testigos: día tras día los precios crecen desenfrenadamente aun cuando no se produzcan nuevos incrementos salariales.
El movimiento obrero y sindical está llamado a liderar la exigencia de un urgente aumento general de sueldos y salarios. ¿Si hay plata para los altos funcionarios pesuvistas, por qué no también para los trabajadores, los pensionados y los jubilados?
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