En la sesión realizada durante el 17 de abril, la Asamblea Nacional consideró que si existen méritos para que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio proceda a juzgar al presidente Nicolás Maduro con base a las pruebas entregadas por la Fiscal General de la República, Luisa Otega Díaz, por los delitos de corrupción y legitimación de capitales.
El bloque parlamentario opositor no cuenta con la mayoría de las dos terceras partes desde la desincorporación de los diputados del estado Amazonas, por tal razón se limitaron a autorizar el antejuicio de mérito, labor que corresponde a la Asamblea Nacional según lo establecido en el segundo numeral del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere a las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia y estipula que:
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la
República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa
previa autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
La votación se llevó a cabo de forma nominal, resultando con 105 votos a favor de autorizar el antejuicio y dos votos en contra, correspondientes a los diputados afectos al gobierno presentes en la sesión Juan Marín e Ileana Medina.
Además de declarar que existen méritos para que el TSJ en el exilio lleve a cabo el antejuicio de mérito contra el Presidente de la República, acordó continuar con las investigaciones que se adelantan en la Asamblea Nacional por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de las vinculaciones de Maduro Moros y otros funcionarios con la empresa Odebretch.
Juan Luis Gonzalez Díaz / @gonzalezdjuanl
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