El diputado a la Asamblea Nacional, Ramón Flores, denunció que los planes del Gobierno Nacional de explotar el Arco Minero del Orinoco, amenaza con devastar el ecosistema del área amazónica venezolana, la cual representa un 12% del territorio nacional. En ese sentido, el representante del Grupo Orinoco, Pedro García Montero, explicó que la amazonia es un ecosistema que tiene una respuesta muy lenta ante las intervenciones, por lo que la práctica de minería a cielo abierto que se aplica en la zona, en la cual se utilizan sustancias tóxicas que remueven la cubierta vegetal y contaminan las fuentes de agua y ha sido prohibida en los países desarrollados por el impacto ambiental que representa, puede generar un daño irreversible a largo plazo.
García acusó además al gobierno de Nicolás Maduro de distorsionar el concepto de sustentabilidad ecológica, pues, explicó que los minerales como el oro o el diamante son recursos no renovables, por lo que la minería ilegal representa un daño para la nación que no se puede resarcir; y advirtió además que la explotación unilateral y autoritaria de minerales en el área amazónica requeriría de un Estado de Excepción, y una posterior militarización de la región.
Por otra parte, señaló que actualmente existen 22 tribus indígenas entre los estados Bolívar y Amazonas que se ven directamente afectadas por la actividad minera debido a que la militarización de las zonas donde hacen vida, el abandono de la actividad agrícola y la transmisión de numerosas enfermedades debido a la contaminación del agua; altera completamente la cotidianidad de quienes habitan en la zona. Éste punto de vista fue apoyado por Jorge Naveda, quien es profesor de Gestión de Áreas protegidas de la UCV, quien afirmó que las zonas donde se practica la minería ilegal en el área amazónica, son unas donde las personas viven en condiciones precarias, y en las que existen índices muy altos de deserción escolar por diferentes motivos.
El ambientalista César Romero, quien representó a la Plataforma Contra el Arco Minero en el foro organizado por la comisión permanente de ambiente de la Asamblea Nacional, informó que el Gobierno Nacional solo percibe entre el 20% y el 30% del oro que se extrae de Venezuela, por lo que más del 60% del mineral es destinado a receptores ilegales en Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago, Panamá, Ecuador y Curazao.
Romero reforzó además la idea de que las zonas donde se practica la minería de forma ilegal ofrecen una calidad de vida muy baja, pocas oportunidades de progreso “debido a la política crediticia que no ofrece incentivos para otras actividades; y los bajos niveles de escolaridad en la región”, en este sentido detalló que en el área minera amazónica más del 70% de las personas no han terminado el bachillerato.
El presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores reiteró que la explotación del Arco Minero amenaza con destruir 40 pueblos indígenas de los estados que conforman el área amazónica y afirmó que el órgano legislativo procurará seguir denunciando y haciendo visibles las actividades irregulares que se desarrollan en el sector desde que el Poder Ejecutivo entregara concesiones sin la autorización de la Asamblea Nacional a la empresa Gold Reserve, a la cual le fue revocada la concesión en Canadá en el año 2009 tras constatarse que se cometieron graves daños ecológicos.
Finalmente el diputado Luis Parra, quien preside la comisión permanente de ambiente, señaló que “al igual que los indígenas latinoamericanos intercambiaron bolitas de oro por espejitos cuando llegaron los españoles, el gobierno está entregando al pulmón del mundo y la mayor reserva de agua dulce que existe en el planeta a cambio de dólares, cuanto es de conocimiento público que el dinero no se come”.
Por otra parte, el presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza, consideró que la minería no es mala en sí misma, y consideró que es fundamental definir las razones y las maneras para poder tener en Venezuela una explotación minera ambientalmente aceptable, del mismo modo instó a la comisión permanente de ambiente y al Parlamento Amazónico a prepararse para afrontar la responsabilidad que se les fue otorgada, y defender la amazonia, pues según lo dicho por Flores, la explotación del Arco Minero constituye el ecocidio más grande del planeta sancionado en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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