Está claro, clarísimo, que el gobierno no quiere que el descontento popular se exprese a través del voto. Tampoco lo quieren las cuatro rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral.
Si el combo del presidente Nicolás Maduro y las señoronas del CNE tratan por todos los medios de obstaculizar, de impedir o de anular el voto castigo, por algo será. ¿Y será que los demócratas van a complacerlos y a permitir, no acudiendo a votar, que el régimen siga reteniendo y apropiándose de cada vez más y más espacios de poder institucional? ¿Será que, por ausencia de candidatos demócratas y por abstención del electorado opositor, los rojo-rojitos no solo van a mantener las alcaldías que ahora desgobiernan sino también a ponerle sus garras a las que hoy se encuentran en manos de la oposición?
Algunas importantes organizaciones políticas han declinado y, con explicaciones sumamente contradictorias, han terminado por complacer el propósito del régimen de ahuyentarlas de las urnas electorales. Tanto nadar para morir en la orilla.
En efecto, el ventajismo gubernamental es cada vez más obsceno y las condiciones electorales impuestas por el CNE son cada vez más antidemocráticas. En la era chavista, los procesos electorales nunca fueron ni jamás serán un escenario en el que las fuerzas democráticas puedan competir en condiciones medianamente equitativas con las del régimen.
En ese marco, hay que saludar la decisión de otras organizaciones políticas de no abandonar el escenario electoral por muy adverso que este pueda ser.
El voto, herramienta democrática que expresa la voluntad del individuo y de los pueblos para definir pacíficamente su destino, no debería silenciarse jamás.
El mío es uno, apenas uno, entre 20 millones que tendrán derecho a pronunciarse en diciembre para elegir a los alcaldes de 335 municipios en todo el país.
Es uno de los más de 6 millones y medio que se manifestaron en diciembre de 2015 por un cambio en la Asamblea Nacional y uno de los 7 millones y medio que el 16 de julio de este año atiborraron las urnas en el referendo popular celebrado por la oposición democrática.
Es uno que sintió verdadera envidia por el de quienes tenían derecho a expresarse en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, lo cual nos está vedado a los habitantes del Municipio Libertador pues aquí no elegimos gobernador.
Así que ahora, que tengo el derecho y la oportunidad concreta de castigar la muy ruinosa gestión del alcalde Jorge Rodríguez y de sacar del Palacio Municipal al autoritarismo y la corrupción, no voy a quedarme a esperar desde el balcón a ver qué pasa, como testigo silencioso, indolente o irresponsable. Digo desde ya, a apenas un mes de las elecciones, que ese día voy a salir a estampar mi voto en la tarjeta de Avanzada Progresista en apoyo a la exconcejal Maribel Castillo, una incansable y meritoria luchadora política y social, cuya candidatura también cuenta con el respaldo del Movimiento al Socialismo y del Partido Socialcristiano Copei.
Un voto, un votico, puede parecer irrelevante en el universo electoral venezolano, pero tiene una importancia verdaderamente significativa, mucho más en la actual coyuntura. No será por mí que el gobierno se quede con la alcaldía capitalina ni que nos arrebate la confianza en el sufragio como herramienta democrática de cambio. Es un aporte pequeño, pero muy firme. Es un voto que no se rinde.
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